«Incluso los reclusos españoles que cumplen condenas por delitos graves y los terroristas tienen un régimen de comunicación familiar y personal más extenso». El TSJA condena a la Junta a indemnizar a la madre y sus hijas menores con 140.000 € por daños morales tras 6 años perpetrando desarraigo al retirarle la custodia de forma ilegítima. Los asociados de ANASAP sentimos compasión, sabemos de ese sufrimiento.
La Junta de Andalucía indemnizará a una madre tras retirarla la custodia de sus hijas La sentencia del TSJA establece una indemnización de 40.000 euros para Carmen Espejo y la misma cantidad para cada una de sus hijas, de 14 y 13 años El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha impuesto a la Junta el pago de una indemnización de 140.000 euros a la familia de Carmen Espejo, tras serle restituida la custodia de sus hijas en el 2007 después de que le fuera retirada la misma en el 2000 por supuestos malos tratos. La sentencia del TSJA, facilitada este lunes a los medios de comunicación, establece una indemnización de 40.000 euros para Carmen Espejo y la misma cantidad para cada una de sus hijas, de 14 y 13 años, así como el pago de 20.000 euros para la abuela de las pequeñas, en cuyo domicilio residían cuando fueron declaradas en situación de desamparo por la Junta de Andalucía. |
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Las dos menores fueron separadas de su madre en el 2000 tras un informe de la Junta de Andalucía que las declaraba en situación de desamparo basándose en supuestos «malos tratos» por parte de la madre y en las «condiciones marginales» en que vivían, según ha explicado en rueda de prensa el abogado de la familia, Enrique Carrasquilla. La menor de las dos hermanas, que entonces tenía 4 años y padecía una minusvalía psíquica, fue trasladada a un centro de menores, mientras que la mayor fue acogida por una familia de Bollullos de la Mitación en régimen preadoptivo. Apoyándose en los informes del perito judicial, la Audiencia Provincial de Sevilla determinó en enero del 2005 que la situación de las menores en el momento en que fueron separadas de su madre no podía calificarse como desamparo y adoptó las medidas necesarias para devolver la custodia a su madre. Sentencia «absolutamente miserable y ridícula» El informe realizado por el psiquiatra de la Universidad de Sevilla Pedro Benjumea determinó que las heridas que presentaba la menor y que habían motivado la retirada de la custodia de su madre, respondía al síndrome de Cornelia, enfermedad genética que causó las lesiones. Además, la sentencia del TSJA afirma que la retirada de la custodia de las menores se prolongó «excesivamente» por el retraso de la Administración en el envío de la documentación requerida, por lo que prevé una «indemnización de cuantía moderada» al tratarse de daños «exclusivamente de carácter moral». Sin embargo, el abogado de la familia ha declarado que la sentencia del TSJA es «absolutamente miserable, desproporcionada y ridícula», y ha afirmado que presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo solicitando una cantidad total de 1.800.000 euros en concepto de indemnización para Carmen Espejo, sus hijas y la abuela de las menores. |
Silvia Moreno | Sevilla
A Carmen Espejo le arrebataron a sus dos hijas a las ocho de la mañana del 18 de julio de 2000. «Con gran despliegue de medios y presencia policial tomaron su domicilio, como si fueran terroristas», recordó ayer Asunción García Acosta, presidenta de la Asociación Andaluza Pro Derechos Humanos de los Menores, y uno de los apoyos de esta madre durante estos años.
Carmen Espejo, que está separada, vivía con sus padres y sus dos hijas en el barrio del Tardón de Sevilla, junto a Triana. Una de sus hijas sufre una minusvalía psíquica. Fue la que peor lo pasó los seis años que estuvieron separadas.
Esta pequeña permaneció en un centro de menores, mientras su hermana, que estaba sana, fue entregada por la Junta de Andalucía a un matrimonio del municipio sevillano de Bollullos de la Mitación que quería adoptarla. Las hermanas fueron separadas por la Junta, incumpliendo así la ley. La madre sólo pudo verlas nueve días al año y sólo tras la intervención de su abogado, Enrique Carrasquilla, lograron que las hermanas se vieran seis días al año.
«Desde el punto de vista de los derechos humanos del menor, la situación podría calificarse de Guantánamo infantil en Andalucía», denunció Enrique Carrasquilla, el abogado de Carmen, quien tildó la situación vivida por esta familia de «miserable», ya que «incluso los reclusos españoles que cumplen condenas por delitos graves y los terroristas tienen un régimen de comunicación familiar y personal más extenso».
Pese a los fallos cometidos por la Junta, al decretar el desamparo de unas niñas con informes que confundieron una enfermedad genética con maltrato, nadie ha pedido perdón a esta familia.
Tampoco ha dimitido ningún político porque los dos ex delegados de la Junta implicados en el caso, Francisco Obregón y María José Castro, «siguen ocupando puestos de responsabilidad», dijo el abogado, que cuestionó los criterios de selección de los técnicos, ya que la Administración ha reconocido que no son funcionarios.«¿El criterio es que hay determinadas afinidades políticas o que son amigos de personas influyentes?», se preguntó Carrasquilla.
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