Crece la alienación parental institucional: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a la Generalitat a indemnizar con casi un millón de euros a unos padres biológicos a los que rompió el vínculo con su hijo; y un Magistrado de Jaén dispone que la Junta de Andalucía debe indemnizar al padre por el tiempo que estuvo sin ver a sus 4 hijas.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a la Generalitat a indemnizar con casi un millón de euros a unos padres a los que rompió el vínculo con su hijo al darlo en adopción a otra pareja sin tener en cuenta sus progresos en un centro de desintoxicación de drogas.

Los padres biológicos, que ya no podrán recuperar a su hijo, tienen derecho a recibir una indemnización por parte de la Generalitat de 980.000 euros al considerar el tribunal que el entonces Departamento de Bienestar Social y Familia no valoró la evolución positiva de la pareja, según ha informado el gabinete de abogados IPSUM, que asistió a los progenitores.

Los hechos ocurrieron después de que los padres biológicos ingresaran voluntariamente en un centro de desintoxicación tras nacer su hijo, si bien la Generalitat calificó su estado de extremadamente frágil y sin posibilidad de recuperación, con lo que se abrió un procedimiento de acogimiento del menor que culminó con su adopción definitiva por otra familia.

Un juez ‘culpa’ a la Junta de que un padre no pudiera ver a sus hijas

Martes, 08 de Junio de 2010 11:17 GestorDJ JAÉN – NOTICIAS LOCALES

Rafael Abolafia / Jaén
Una jueza pide a la Junta de Andalucía una fianza de 18.000 euros por proteger en una casa de acogida a una mujer que, presuntamente, denunció en falso que su marido la había violado y maltratado. La magistrada considera que la Administración debe indemnizar al padre por el tiempo que estuvo sin ver a sus hijas.

Se trata de una decisión controvertida y de la que no se recuerdan precedentes. La historia arranca el 1 de septiembre de 2009. Ese día, la mujer, V. C. S., se personó en el cuartel de la Guardia Civil de Los Villares y denunció a su esposo por malos tratos y por una violación, ocurrida, presuntamente, quince días antes. El marido, Juan Ballesteros, fue arrestado, pasó una noche en el calabozo y estuvo inmerso en un proceso judicial. “Fue un calvario”, recuerda el hombre, que defendió su inocencia en todo momento. “Jamás le puse la mano encima ni a mi mujer ni a mis hijas”.
De hecho, el Juzgado de Violencia de Género de Jaén archivó la causa contra él por falta de pruebas. El magistrado adoptó esa medida porque los compañeros de trabajo de Juan Ballesteros certificaron que, aquel 15 de agosto, estuvo trabajando toda la tarde en un restaurante. La hija mayor del matrimonio aclaró, igualmente, que su padre nunca le había pegado. Del mismo modo, los vecinos dijeron que nunca habían visto ni oído nada. Así que el juez dictó el sobreseimiento provisional de la causa el 26 de octubre.
A partir de ahí, Juan Ballesteros pasó al ataque. Tras verse libre de todos los cargos, se querelló contra su mujer por falsa denuncia y por un delito contra las relaciones familiares. Y es que, para entonces, este vecino de Los Villares llevaba ya varios meses sin poder ver a sus cuatro hijas, que tienen entre 9 y 3 años. Su madre se las llevó a vivir con ella a una casa de acogida para mujeres maltratadas, gracias a los recursos que facilita la Junta de Andalucía.
Nadie pudo localizarlas en su nuevo domicilio, ya que la Administración autonómica preserva el anonimato de las víctimas. Ni tan siquiera los juzgados las encontraron, por lo que les fue imposible notificar a la madre oficialmente el archivo del caso y la apertura de nuevas diligencias contra ellas por falso testimonio. “Algo falla en este sistema, lo que ha perjudicado enormemente a mi cliente, ya que ha pasado más de medio año sin ver a sus cuatro hijas”, sostiene Luis Heredia, el letrado de Juan Ballesteros. Por ello, solicitó a la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén, que tiene la causa por falsa denuncia, que la Junta de Andalucía sea responsable civil directo de lo ocurrido. Es decir, que indemnice a este hombre en caso de que su ex esposa sea condenada por la falsa denuncia. De momento, la magistrada Carmen Ballesteros Ramírez ha emitido un auto por el que se requiere a la Junta para que deposite una fianza de 18.000 euros “para asegurar las responsabilidades civiles”. Exige la misma cantidad a V. C. S. Se trata de una medida preventiva, contra la que cabe recurso.
En ese mismo auto, la jueza decreta la apertura de juicio oral contra ella. La Fiscalía sostiene que la mujer no ha cometido delito alguno, esto es, que no denunció en falso a su marido: “Lo que ocurre es que no se pudo demostrar”, sostienen fuentes del Ministerio Público.  Por ello, pide la libre absolución. En este sentido, es la acusación particular, ejercida por Juan Ballesteros, la que sostiene el caso. Pide una condena para su ex pareja de tres años de cárcel. V. C. S. se tendrá que sentar en el banquillo de un Juzgado de lo Penal.